Editorial
Luego del fallo de TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), La Bonhomía democrática, con cómplices de paladar negro debe alcanzar 2/3, para reiniciar el proceso, y suponiendo que ocurra. No faltará alguien que vuelva a interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad que imposibilitará las «Elecciones Judiciales». Por consiguiente, el gobierno ha lanzado un anzuelo ficcional a tiempo de declarar que todo estaría en manos del «Legislativo». ¿Cuántos días podría significar para el Legislativo generar un acuerdo? Si es una semana les quedan otras dos para preseleccionar y en la última semana de agosto consensuar ternas. Llevan un año en que las 7 fracciones políticas no se ponen de acuerdo en elegir un perfil para que asuma como «Contralor General» ¿Será que en tanto poco tiempo se ponen de acuerdo para seleccionar 96 perfiles? Lo cual nos lleva a la conclusión que hablar de «Elecciones Judiciales» el 2023 es un timo probado. Las alternativas, para destrabar esto implican un «Decreto transitorio», «Reforma Constitucional» por iniciativa presidencial o un componente judicial constitucional. Estas opciones serán barajadas por el ejecutivo una vez que se complete el trazo del «anzuelo ficcional» para eximir responsabilidades penales, y poder cooptar a dedo una aristocracia judicial funcional al gobierno, al amparo de no restringir el derecho de acceso a la justicia.