El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar; se reunió con la presidenta del Concejo Municipal de Sucre, Abg. Yolanda Barrios Villa, y dirigentes de la FUTPOCH, como también con dirigentes de los distritos 5 y 6 del municipio de Sucre, con el objetivo de recibir información sobre el proyecto «Ciudadela Judicial», que debería emplazarse en el municipio de Sucre, el sector Qhora Qhora (Zona Guadalupe) lugar donde la gobernación de Chuquisaca adquirió 52,3 hectáreas de terreno, que cedió a título gratuito al órgano judicial de Bolivia, administrado por la «DAF» Dirección Administrativa Financiera. Los avances del proyecto se generaron durante la administración del ex presidente Evo Morales, que consolidó el financiamiento del estudio a diseño final garantizando 12,7 millones de bolivianos en la pre inversión. Sin embargo, durante el gobierno de transición de Jeanine Añez, se rescindió contrato, y el estudio quedó inconcluso. En la reunión se conoció que la empresa que ejecutaba el estudio a diseño final (Pre inversión) demandó al estado por la recisión de este contrato, encontrándose el proceso en una de las salas del TSJ para su resolución final. Con todos estos antecedentes los dirigentes de la zona donde se emplazará la obra, pidieron a la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, dar viabilidad a la obra, ya que en una reunión que sostuvieron con el Ministro de Obras Públicas, supuestamente este dignatario de estado, les habría indicado que la obra ya no se realizaría porque los funcionarios del TSJ les parecería muy lejano el lugar, por otra parte entendieron que el órgano judicial ya no estaría demandando el proyecto, porque habría adquirido otros terrenos, más convenientes para la ejecución de la obra. Al respecto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torres, aclaró primero que en ningún momento emitió esos criterios ante ninguna autoridad del gobierno, y que, muy por el contrario, ellos requieren infraestructura porque su actual edificio alberga a más de 300 funcionarios, y tendría un tráfico de 600 personas cada día, lo cual deteriora una infraestructura patrimonial que data de hace más de un siglo.
“No solo es nuestro caso, el Ministerio Público también tiene necesidad de infraestructura, el Consejo de la Magistratura tiene un edificio muy pequeño, el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene edificio propio, y lo mismo ocurre con la Escuela de Jueces, por consiguiente queremos aclarar que en ningún momento rechazamos el proyecto, que fue declarado prioridad nacional por una ley, que como administradores de justicia debemos cumplir; sin embargo la materialización del proyecto «Ciudadela Judicial» depende en primera instancia del estudio de pre inversión, porque sin esto, difícilmente podemos pensar en la ejecución de la obra, y todo esto financieramente recae en el órgano ejecutivo de Bolivia; pero debemos aclarar que las 52,3 hectáreas que fueron transferidas al órgano Judicial ubicadas en el sector Qhora Qhora (Zona Guadalupe) constituyen los únicos terrenos para consolidar la “Ciudadela Judicial”; no estamos viendo otros para este proyecto”—declaró Torres—.
La presidenta del Concejo Municipal de Sucre, Abg. Yolanda Barrios también aclaró que el alcalde Enrique Leaño en ningún momento desahució el proyecto, solo trato de ser coherente y responsable con la población ya que, si no hay estudio a diseño final, no se sabría con precisión cuanto podría costar la obra, para gestionar financiamiento del Gobierno Nacional, y no sería correcto comprometer la ejecución de la Ciudadela Judicial sin tener claros estos aspectos. También subrayó que el municipio de Sucre puede garantizar servicios básicos, y todo lo que corresponda a su competencia, porque la mística de las autoridades municipales sería atraer inversión pública para la ciudad de Sucre.